Venezuela ¿Comercio electrónico para pocos o para todos?
Investigando todas las aristas de lo publicado y debatido sobre la Ley de comercio electrónico en Venezuela, ahora les comparto este trabajo especial publicado en el Correo del Orinoco por Héctor Escalante, espero sus comentarios.
«Se quiere implementar el uso de la factura electrónica. Diputado Farías aclaró que ley de comercio electrónico no regulará cupos sino páginas web»
El presidente de la Comisión de Administración y Servicios del Parlamento señaló que se quieren evitar la especulación y la estafa. La normativa “debe abarcar todas las aristas que giran en torno” a la actividad, enfatizó Emilio Hernández, profesor de redes e internet de la USB. Más del 80% de las transacciones que se hacen por esta vía “son de emprendedores, microempresarios y artesanos”, sostuvo el presidente de Cavecom-e, Richard Ujueta
Varias son las personas que han sido estafadas a través de internet, o al menos han estado a punto de serlo. Raiza Rodríguez comentó que en una oportunidad solicitó por medio de esta vía un servicio de karaoke para animar una fiesta familiar y pese a haberlo pagado con antelación, la oferta fue engañosa porque no cumplía con lo que se ofrecía en la página que lo publicitaba.
El profesor e investigador Emilio Hernández intentaba comprar una herramienta de carpintería por internet y en la búsqueda dio con un vendedor que publicó en la página en la que ofrecía el producto un correo electrónico y un número telefónico inexistentes. Lo extraño fue que, luego de varios intentos infructuosos de comunicación, recibió en su teléfono celular una llamada del vendedor. Evidentemente se trataba de una trampa.
Durante el pasado mes de agosto, varias denuncias de fraude a través del comercio electrónico, sobre todo en el área de servicios, fueron reportadas ante la Asamblea Nacional, lo que terminó de encender las alarmas. Unas 200 familias que compraron un plan vacacional en Tucacas por medio de una página web que lo promocionaba, fueron engañadas pues, al llegar al sitio, nada era igual a lo que se les había vendido.
A partir de esa experiencia, la Comisión de Administración y Servicios del Parlamento empezó a sostener reuniones con los equipos de distintos organismos que tienen que ver con el tema, como los ministerios para el Comercio y Ciencia y Tecnología, así como el Tribunal Supremo de Justicia, el Ministerio Público, Cicpc, Suscerte y el Seniat, para evaluar la situación; es ahí donde surge la idea de crear la Ley de Comercio Electrónico.
El diputado pesuvista Claudio Farías, presidente de la referida comisión parlamentaria, expresó al Correo del Orinoco que la intención de crear una ley referida al comercio electrónico busca, en principio, atender una realidad que se ha venido presentando en el sector.
En su opinión, ese es un mercado pujante, que se ha estado activando durante los últimos años, “pero producto de eso mismo también se presenta la especulación, el acaparamiento, la estafa”, perjudicando al propio mercado y a quienes hacen uso del mismo.
“Cuando alguien va a comprar un repuesto de vehículo, que es una de las cosas que escasea en este momento, le dicen que no hay, pero le sacan una tarjetica con la dirección de una página web donde lo pueden conseguir, y se meten ahí y lo consiguen con sobreprecio”, denunció.
Como ese mercado no dispone de facturación ni de las mismas regulaciones que tiene el mercado tradicional, destaca, algunos comerciantes se valen de eso “para especular”. Además dice que esa carencia permite que las y los compradores no tengan ningún tipo de garantía.
Este tipo de acciones, a juicio del parlamentario, forman parte de la estrategia de guerra económica que han venido promoviendo en el país sectores opuestos al Gobierno, y que ahora pretenden trasladar al mercado digital para causar el mismo efecto.
SUSTENTOS LEGALES
Señala Farías que la propuesta de ley tiene dos sustentos legales. El primero, esgrime, es el que le otorga el artículo 117 de la Constitución, el cual establece que el Estado tiene la obligación de intervenir para garantizarles a los venezolanos y las venezolanas “las mejores condiciones al momento de hacer comercio”.
Añade que el segundo viene dado en los puntos 3.2 y 3.4 del Plan de la Patria, los cuales determinan que el Estado debe fomentar el comercio electrónico como una vía segura, que además sirva para acercar el consumidor al productor, para eliminar el eslabón especulativo con los distribuidores.
De esta manera, prosigue el diputado, lo que se pretende con esta normativa es incentivar el comercio electrónico “para que los pequeños y medianos emprendedores puedan ofrecer su mercancía por esa vía”. Estima que con esta normativa también se pueda incentivar la exportación de productos venezolanos, “sobre todo en América Latina”.
Asegura que “Venezuela es uno de los pocos países del mundo que todavía no tiene una ley en esa materia” y que, en ese sentido, se han estado tomando ideas de Uruguay, Argentina, Bolivia y Portugal, que han sido las últimas naciones que han legislado sobre el tema, para nutrir el proyecto.
ESCUCHANDO CRÍTICAS
Según Farías, luego de la aprobación -por unanimidad- del proyecto de ley en primera discusión, la Comisión de Administración y Servicios de la AN se ha reunido en varias oportunidades con organismos privados vinculados al área para escuchar sus planteamientos en torno a la propuesta.
Una de las críticas han sido que la obtención del certificado Suscerte -que se está estableciendo en el proyecto como obligatorio- pudiese tener algunos inconvenientes, debido a que el organismo no tiene la capacidad técnica para ofrecerlo a todos los que lo soliciten. Al respecto, precisó que se acordó flexibilizar esa medida, al dejar de considerarlo un requisito obligatorio.
También se ha dicho que el proyecto de ley violenta la privacidad de las usuarias y los usuarios, porque obliga a guardar las direcciones IP, que son las etiquetas numéricas que identifican la interfaz de un dispositivo. Sobre ese aspecto, aclaró que “es necesario resguardar esa información para utilizarla en caso de que existiera una denuncia de Estado”, pero que la misma no sería divulgada públicamente.
“No debe haber ningún temor en que la privacidad vaya a ser violentada”, enfatizó. Inicialmente, se había planteado que el periodo de resguardo de la IP fuera de 10 años, pero “para la tranquilidad” de quienes expresaron ese argumento, se acordó reducirlo hasta un año, e incluso, “si no existe denuncia algunos plantean no resguardarla”.
El diputado recordó que el suministro de los datos de identificación es un procedimiento muy común: “Llegas a un hotel y das información, hasta el carro en que andas, quiénes te acompañan. Si te vas a registrar en Mercado Libre, que es una de las páginas más visitadas en Venezuela, también tienes que registrar todos tus datos, entonces no estamos hablando de una cosa extraordinaria”.
Otro planteamiento presentado por el sector privado es que la ley pudiera atentar contra los cupos electrónicos de divisas, hipótesis que Farías negó rotundamente. “Esa ley no tiene nada que ver con el tema de los cupos electrónicos, esa ley va a normar a las páginas web inherentes al comercio electrónico en bolívares y solo va a regular el comercio electrónico para la exportación”, resaltó.
Agrega el parlamentario que la regulación incluirá a las empresas de envíos como Federal, MRW y Liberty Express, entre otras. Mencionó que también serán supervisados los precios de los productos de segunda mano: “No se puede ofertar ninguna cosa usada por encima del precio de una nueva”.
Otro cuestionamiento, expresó, hacía referencia a que la ley era sancionatoria, “pero el proyecto tiene un solo artículo, el 58, y dos sanciones.” Dijo que mediante las consultas realizadas hasta este momento se ha solicitado que las sanciones deben ser menos rígidas. La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) será el ente encargado de aplicarlas.
“De acuerdo a lo que ha establecido el Presidente de la República en la reforma de ley que hizo con la Ley Habilitante de la Ley de Precios Justos, vamos a establecer la confiscación cuando se trata del Estado, de la especulación y del acaparamiento, de manera que podamos darle duro a la guerra económica por esa vía y darle elementos al Estado para actuar con firmeza”, priorizó.
PROTECCIÓN PARA TODOS
Detalló que mediante la ley se implementará el uso de factura electrónica que, además de resguardar la compra de las y los usuarios, le generará impuestos al Estado venezolano. “Eso es legítimo, si se está haciendo comercio hay que pagar impuestos”, sentenció.
La normativa fomentará, además, la corresponsabilidad de los sitios web dedicados a la venta de mercancía. “Páginas como Mercado Libre y OLX, que en este momento publican y ya, tendrán la obligación de verificar la información”, aseveró. A su parecer, las revisiones en estos portales deben ser más exhaustivas “para evitar que las personas publiquen allí cualquier cosa”.
De igual forma, señaló que las páginas que comercializan bienes o servicios en internet deberán inscribirse en el Registro Único de Personas que Desarrollan Actividades Económicas para garantizar los derechos y la seguridad comercial a las y los usuarios. “Con el Rupdae, la factura electrónica, y la corresponsabilidad, estamos dándole nosotros la protección al consumidor, pero también al comerciante”, reiteró.
COMERCIO EFICIENTE
Para Emilio Hernández, profesor de internet y redes de la Universidad Simón Bolívar, el proyecto de ley “está muy sesgado” hacia el caso específico de Mercado Libre, página donde se han suscitado algunos procesos especulativos. “Pareciera como una respuesta a un hecho que está sucediendo, pero a fin de cuentas es una ley y como tal tiene que ser mucho más amplia”, afirmó.
Defendernos de la especulación, esgrime, “no está mal como uno de los objetivos de la ley”, pero la normativa debe abarcar todas las aristas que giran en torno al comercio electrónico. Además considera que el tiempo que se le está dando a la discusión es muy corto para reescribir la ley y darle un sentido más global.
Consultado por el Correo del Orinoco afirmó que el comercio electrónico, en el contexto del proceso de transición hacia el socialismo que se construye en Venezuela a partir de la irrupción de la doctrina bolivariana en la escena política, puede ser muy útil en lo que él denomina comercio eficiente.
En su opinión, “el socialismo no necesita tanto comercio, sino más producción”, pero el comercio que haya tiene que ser muy eficiente “para que no ocurran procesos especulativos, ni colas”. Asegura que el capitalismo se nutre de la sobreoferta, mientras que el socialismo es más racional, por lo tanto ajusta un poco más la oferta y la demanda.
“Con la sobreoferta no se hacen colas para comprar porque los productos se consiguen en todas partes, pero esa sobreoferta tiene un costo social, porque hubo que importar cosas que no se van a terminar usando o sobreproducir, con lo cual se está explotando a la naturaleza”, añadió.
INCLUSIÓN Y TRUEQUE
Insiste Hernández en que el comercio electrónico, hecho de una forma eficiente, puede contribuir con la inclusión social, al abrir un mayor rango geográfico en la adquisición de bienes. “Es más fácil llevar internet a cualquier pueblo remoto que llevar toda la diversidad de ofertas de productos, y teniendo internet el comercio electrónico le permite a las personas ubicar esos productos y pedirlos”, reflexionó.
Otra ventaja del comercio electrónico, destaca, es que las personas pueden vender cosas que tienen en sus casas y que no están usando, o intercambiarlas por otros productos que puedan necesitar. “Tanto el comercio personal como el trueque pueden ayudar a la sociedad a ser más eficiente”, acotó.
Esta modalidad de comercio, prosigue, también facilita los procesos de competencia. “En el comercio electrónico, como se pueden tener tiendas en diferentes sitios ofreciendo el mismo producto, se puede ver un proceso de competencia”, detalló.
Si bien es cierto que esta funciona en el capitalismo, aduce que en el proceso de transición hacia el socialismo también puede tener cabida, “porque lo que tenemos todavía es capitalismo, y hay que aprovechar cualquier mecanismo que nos permita darle la mayor cantidad de bienestar a la gente”.
CERTIFICADO INNECESARIO
El catedrático tiene varias observaciones a la ley aprobada en primera discusión, pero se enfoca principalmente en lo señalado por el artículo 28. Dijo que tal y como está en la propuesta inicial, este determina que por cada operación de comercio electrónico las personas tienen que crear un certificado electrónico, que vendría siendo como una especie de cédula electrónica, lo cual, a su parecer, es un proceso engorro e innecesario.
“A lo mejor quieren protegerse de gente que utiliza esa vía para robar, pero con eso lo que están es evitando la eficiencia en el comercio y el comercio personal o el truque”, acentuó. Hernández se pregunta: “¿Si el comercio tradicional tiene facilidades, por qué una persona común y corriente va a tener ese gran impedimento?”.
Considera, en ese sentido, que “se deben implementar mecanismos que permitan identificar a la persona que está vendiendo, pero si se utiliza un procedimiento engorroso por cada operación de venta, se mata al comercio personal y se favorece a los grandes comerciantes”.
Por otra parte, estima necesaria la implementación de factura electrónica, tal y como se propone en el proyecto, “porque nuestras leyes así lo establecen para el comercio tradicional y esto también es aplicable al comercio electrónico”. No obstante, asegura que la venta de cosas usadas debería estar exenta de factura y de pago de impuestos, “pero eso ya no es un problema del comercio electrónico, sino del Seniat, que es quien tiene la potestad de definir eso”.
LEY PARA TODOS
El presidente de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico (Cavecom-e), Richard Ujueta, felicitó la iniciativa: “Creemos que es una oportunidad importante para Venezuela tener una ley que nos permita hacer un comercio electrónico que incluya a todas aquellas personas que quieran incursionar en esa actividad”.
En entrevista con el Correo del Orinoco, señaló que antes se creía que el comercio electrónico lo hacían empresas grandes, pero la realidad es que más del 80% de las transacciones que se hacen por esta vía son de emprendedores, microempresarios y artesanos. “Por eso yo digo que aquí el comercio electrónico es de menudencia”, acota.
El tique de transacción promedio, de acuerdo a las cifras oficiales que aduce manejar, es de mil bolívares, “lo que quiere decir que en el país nadie va a comprar por internet una cocina, un carro, un apartamento, simplemente porque para adquirir esos productos van a la tienda física y pagan”.
Además indica que el comercio electrónico en Venezuela lo hacen todas las personas, porque “todos compramos en internet y todos vendemos en internet”, por tanto, la ley no debe hacerse solo para las empresas, sino para todas y todos los venezolanos.
PROTEGER AL COMERCIANTE
El titular de Cavecom-e manifestó que en esta ley se deben incorporar actores fundamentales como la banca, que hasta ahora no aparecen reflejados en la misma. Aseguró que el 80% de los fraudes que son endosados al comercio electrónico son realizados a la banca.
“Al comercio electrónico no le interceptan tarjetas, sino a la banca, al comercio electrónico no le usurpan identidad, porque la identidad financiera es de la banca, cuando alguien sustrae los datos de un tarjetahabiente se lo hace es a la banca”, aclaró.
Sin embargo, esgrime que “el gran estafado en el comercio electrónico es el comerciante, y no aparece en esta ley una protección para ellos”. Explicó que a través de la usurpación de identidad, por ejemplo, el estafador se dirige al comercio electrónico, hace una operación en línea, o física en la tienda, realiza una transferencia bancaria o paga con una tarjeta de crédito robada o clonada.
Acota que el comerciante, “que es el que recibe la operación, que ve que el dinero le entra a su cuenta y no tiene ningún aviso de fraude”, entrega el bien sin ningún inconveniente. Pero si se desconoce el consumo, o el dueño de la cuenta o de la tarjeta denuncia el fraude, refiere, la banca inmediatamente le hace una reversa al comercio, recupera el dinero para entregárselo a la persona, y el estafador finalmente termina llevándose el producto.
Pese a esto, reconoce que en el comercio electrónico hay un segmento importante de fraude, como en toda actividad, impulsado por personas que ofrecen un producto y este no es de la calidad que se ofreció. Ante esos casos, califica como interesante la normativa y estima prudente aplicar sanciones, “pero lo que no se puede hacer es englobar”.
MENOR FRAUDE
Comprar en internet, esgrime Richard Ujueta, es más seguro que comprar en una tienda, por ello no titubea al afirmar que “el sector de la economía que menos fraude tiene es el comercio electrónico”.
Según el especialista, este se desarrolla cuando una persona expone un producto en internet, y otra lo solicita y después lo paga por esa misma vía. Una negociación distinta, contrasta, se da cuando el internet es utilizado como vitrina para exponer productos que luego son adquiridos y pagados en una tienda en físico.
Precisa que en la red se realizan unos 3.5 millones de transacciones al mes con tarjetas de crédito y de débito, y que frente a esa cifra, las 400 denuncias que se han realizado públicamente representan el 0,000017%, lo que en su opinión quiere decir que “este es el sector más seguro de la economía”.
INCORPORAR AL ESTADO
Otro actor que no aparece en el proyecto de ley, de acuerdo con el presidente de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico, es el Estado. ¿“Dónde está en esa ley el Estado protector, el Estado promotor, el Estado que debe garantizar el comercio?”, cuestionó.
Ujueta destaca que el Estado debe proteger el comercio electrónico y a la vez democratizarlo, dándole a aquellos emprendedores que no tienen un espacio físico la oportunidad de exponer sus productos, por lo menos a escala nacional, a través de una plataforma segura en la que no lo estafen.
Dice que la intención es apoyar a ese comercio al que él llama social, que no aparece en las cifras que maneja la cámara porque se desenvuelve básicamente en las redes sociales. Además sostiene que el Estado debe aprovecharse del comercio electrónico para proyectar al comercio comunal, que está compuesto por toda esa cantidad de emprendimientos que son financiados por el Gobierno.
“En la ley debe haber algo que obligue, de alguna manera, al Estado o las dependencias a crear plataformas de comercio electrónico para darle vitrina a ese dinero que se está invirtiendo y que es de todos”, sentenció.
Además considera que la ley debe incluir un plan especial de apoyo al sector del transporte para que el comercio electrónico funcione mejor: “En todos los países del mundo, el Estado, a través de estas leyes, impulsa políticas de incentivo para las empresas de transporte”.
Lo ideal es que estas ofrezcan precios especiales en los envíos, para que los pequeños emprendedores tengan acceso a dichos servicios y así poder incentivar el comercio electrónico sin que les resulte tan costoso, y que ellos a su vez puedan llevar su mercancía a centros de acopio después de haber sido vendida en línea.
OFERTA EN DIVISAS
Del articulado, el que más le preocupa a Ujueta es el número 13, el cual establece que toda transacción de comercio electrónico hecha a través de páginas venezolanas debe realizarse en bolívares. Al respecto, se pregunta: “¿Qué va a pasar entonces con el comercio de exportación?”.
Recalca que un producto elaborado en el país, que se pretenda vender afuera, debe ser ofertado en dólares, y aunque la página esté en Venezuela y el comercio se haga desde Venezuela, esa mercancía está destinada para ser vendida en el exterior. “Eso no aparece reflejado, está fuera del contexto de la ley”, enfatizó.
En este caso, estima el especialista, debería hablarse de moneda de curso legal, y tendría que darse una apertura para que realmente se le pueda dar amplitud al comercio. “Si se aprueba esta ley tal cual como está, Pdvsa no pudiera vender más en dólares, porque Pdvsa hace comercio electrónico hacia el exterior, y las empresas básicas también, porque sus productos de exportación se transan afuera en dólares”, asintió.
CERTIFICADOS Y FACTURAS
El presidente de Cavecom-e puntualiza que hay otros dos aspectos que han cuestionado durante las reuniones con el equipo promotor de la ley, los cuales han tenido una aceptación importante por parte de la Asamblea Nacional.
El primero es el certificado y la firma electrónica que se ha querido incorporar en la propuesta. “Nos parece absurdo, porque seríamos el único país del planeta en el que para poder comprarse un producto en internet se deba tener un certificado electrónico o una firma”, recalcó.
Los certificados, a su parecer, “matarían al comercio electrónico”, primero por el precio que estos tienen, adicional a lo que significa tener los respectivos conocimientos para instalarlo en la máquina y poderlo activar. A ello hay que sumar el hecho de que los certificados no son reconocidos en algunos navegadores.
El otro es la factura electrónica. Al respecto, opinó que esta es un requisito que se debe cumplir: “No puede haber comercio electrónico si no hay factura electrónica, porque ese es un ciclo que se hace desde la exposición del bien, la compra, el pago y la factura. Así se hace en cualquier parte del mundo”.
Aclara que quien vende por internet y no emite factura está incurriendo en un ilícito fiscal que acarrea sanciones administrativas y penales, pero vender por internet y enviar al comprador una factura física implica un gasto mayor al del producto. La veracidad de la factura no se la da una firma electrónica, sino el Seniat, precisó.
El especialista también criticó que en el proyecto no aparezca reflejado el intercambio de bienes. Recordó que el presidente Hugo Chávez promulgó una Ley del Truque que no ha sido tomada en cuenta para esta propuesta de ley. ¿Qué pasa con el comercio usado, o sea, la gente que quiere vender sus cosas usadas?, aquí no aparece”, preguntó.
HIPERTROFÍA COMERCIAL
Señala el profesor Emilio Hernández, quien en sus análisis como articulista de este medio, además del aspecto tecnológico también abarca el área económica, que “el comercio en Venezuela está hipertrofiado”, pues, a su parecer, en este “se gana mucho dinero con relación a otras áreas de la economía”.
Explicó que el sector terciario de la economía, que está conformado por el comercio y las importaciones, no actúa en concordancia con el sector primario, que es la producción, ni con el sector secundario, que se ve representado en la industria. Además asegura que la legislación venezolana no establece distinción alguna entre los tres sectores: “A todos se les considera como una persona que tiene una empresa, no importa si es productor o comerciante”.
De hecho, comenta que la recién promulgada Ley de Precios Justos le pone el mismo límite de ganancia de 30% a un agricultor que estuvo nueve meses trabajando y expuesto a perder la cosecha por las lluvias o la sequía, que a una persona que compró un equipo determinado y lo vendió al poco tiempo.
En tal sentido, lamenta la existencia de esta disparidad que, en su criterio, representa la “permanencia del Estado burgués y liberal, además periférico, porque los grandes centros de producción están ubicados en otros lugares”. Indicó que por encima de los industriales y productores que, en proporción con el tamaño del país son muy pocos, “es la burguesía la que compra y vende internamente”. Avizora que con un comercio electrónico eficiente, este panorama podría cambiar.
